

Siguen las dudas acerca de la legitimidad de las tesis que sustentaron la elección de Patricia Benavides como fiscal general, y también en torno a cómo obtuvo su cargo actual de alta jerarquía. La congresista independiente Susel Paredes, quien está liderando la investigación, ha informado recientemente que la fiscal jefe afirmó haber estudiado inglés en un centro educativo que también ofrece cursos de belleza, gastronomía, reparación de teléfonos móviles, y otros temas similares.
En una conversación con RPP Noticias, la congresista explicó que para conseguir el grado de Doctorado era necesario poseer conocimientos de dos lenguas extranjeras durante el lapso en que Patricia Benavides alcanzó tal título académico. A pesar de ello, Paredes Piqué destacó que la fiscal general declaró haber estudiado solo medio año de inglés y dos trimestres de quechua, a pesar de que las normativas de aquel entonces no permitían tal cosa.
“Se requería dos idiomas extranjeros en esa época. Ahora puede ser un extranjero y una lengua nativa. En esa época no había permiso para estudiar la lengua nativa, eran dos idiomas extranjeros, pero ella hace seis meses de inglés y dos meses de quechua. (...) Ayer que publiqué el instituto (donde estudió inglés), los mismo tuiteros han buscado qué instituto era y es un instituto que da hasta clases de cosmetología”, afirmo.
El sitio en el que Benavides aprendió el nivel básico de inglés es el Instituto Internacional de Sistemas Empresariales (IISEP). Asistió a las clases desde el 20 de agosto de 2007 hasta el 20 de febrero de 2008.
Según el expediente de ratificación para su continuidad en el Ministerio Público, que fue realizado por el CNM en 2010, la actual fiscal general logró completar el nivel intermedio en el Instituto Superior de Quechua (INSUQ).
La congresista Susel Paredes hizo hincapié en que no está llevando a cabo una campaña en contra de la fiscal Patricia Benavides, sino que está defendiendo la integridad ética de la figura más importante y poderosa del Perú, la jefa del Ministerio Público.
“Entonces, la jefa que tiene la titularidad de la acción penal tiene que ser una persona impecable y tiene que ser una persona que académicamente sea tan solvente y que sea capaz de dirigir a los fiscales supremos y otros fiscales que son los que determinan la libertad de las personas”, añadio Paredes Piqué.
El concurso público de la Fiscalía de la Nación evaluó cuatro aspectos en los candidatos: conocimientos, currículo, evaluación de estudio de caso y entrevista personal.
Patricia Benavides obtuvo la puntuación más alta en conocimientos y evaluación curricular, lo que le permitió ser nombrada fiscal suprema y, posteriormente, fiscal de la Nación. Su éxito en la evaluación curricular se debió a que logró los 100 puntos y probó tener un título de maestría y doctorado. Sin embargo, las tesis que la ayudaron a obtener dichos títulos que aún no se han hecho públicas.
La congresista Susel Paredes ha reiterado su solicitud de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haga públicas sus tesis de maestría y doctorado obtenidas en la Universidad Alas Peruanas (UAP). Ahora, Paredes ha señalado que ha recibido información desde el año pasado indicando que los documentos académicos fueron "plagiados" en su totalidad. Durante una entrevista con el periodista Pedro Salinas, la congresista explicó que recibió comentarios reiterados sobre este asunto desde el año pasado.
“Entonces En mi equipo dijimos: ‘¿por qué están diciendo eso?, vamos a verificar’. Otra cosa que nos hizo pensar es que (Benavides) estudió en la Universidad de Lima, hizo los estudios de maestría y doctorado en la San Martín y, con esos certificados, se va a la UAP a hacer una especie de curso de titulación”, indico.
Además, El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la Universidad Alas Peruanas debido a las dudas surgidas sobre la obtención de las tesis de maestría y doctorado de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta investigación se inició en respuesta a varias cuestiones planteadas acerca de la posible comisión de un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad en perjuicio del Estado por parte de la universidad.
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